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Plan Nacional en Discapacidad (Colombia)

 

Publicado por: Poder Legislativo de Colombia

 

 

 

 

El Plan que a continuación se presenta, da cumplimiento al compromiso establecido en la ley 812 de 2003, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo
“Hacia un Estado Comunitario”, donde se plantea que: “Para atender la situación de Discapacidad en el país se desarrollará el Plan Nacional de intervención
en Discapacidad, dentro del marco de la Política Pública, con el fin de garantizar los programas y estrategias intersectoriales que prevengan las situaciones
de discapacidad. Propenderá por el respeto y el reconocimiento de las diferencias que de la condición de discapacidad se derivan, así como proveer las
condiciones para lograr la mayor autonomía y participación de las personas con discapacidad en los espacios cotidianos y de vida ciudadana, con la participación,
compromiso y solidaridad de la familia, la comunidad y el Estado”.

El Plan constituye un instrumento de gestión de carácter estratégico para los organismos gubernamentales del nivel nacional. Con su desarrollo se contribuye
a la implementación de la Política Nacional para la Integración Social de las Personas con Discapacidad contenida en el documento CONPES 80 de 20041.

El documento pretende facilitar la coordinación y ejecución de los compromisos sectoriales sobre la materia, mediante la identificación y concertación
del trabajo sectorial, intersectorial e interinstitucional. Esta articulación busca la consolidación de las redes sociales e institucionales de apoyo
a la discapacidad en el nivel territorial, promoviendo el desarrollo de una cultura de convivencia y respeto de los derechos fundamentales.

Cabe anotar que para consolidar la política pública de discapacidad se requiere fortalecer el proceso de construcción colectiva en el que participan de
forma activa representantes del sector público, del sector privado y de la sociedad civil organizada en el nivel Nacional, y de forma análoga en los
territorios, mediante la concreción de Planes de Acción Territoriales diseñados a través de los Comité Técnicos territoriales.

I. OBJETIVO

Prevenir la incidencia de la discapacidad y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, sus familias y su acceso efectivo a los bienes
y servicios sociales mediante la coordinación y articulación de las acciones gubernamentales que se implementan desde cada sector y las entidades del orden
Nacional comprometidas con el tema.

II. MARCO LEGAL

1. Contexto Internacional

Actualmente se encuentra en proceso de elaboración una Convención amplia e integral para promover el respeto y protección de los derechos humanos de las
personas con discapacidad ante las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Luego de seis reuniones de los países miembros de esta Organización internacional,
se cuenta con un texto borrador único, que recoge las diferentes posiciones de los países miembros. A partir de este documento conformado por un preámbulo
y 26 artículos, todos los países se encuentran negociando y unificando sus posiciones para avanzar hacia la validación de un instrumento internacional
que defina las obligaciones básicas de los Estados para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos por parte de las personas con discapacidad.

Este proceso de movilización internacional surge tras la aprobación del Programa de Acción Mundial en 1982, por parte de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. El estudio y las acciones relativas a los derechos de las personas con discapacidad, han cobrado un creciente interés en la agenda internacional.
En dicho Programa, la ONU centró sus objetivos en la búsqueda de la participación plena y la igualdad de las personas con discapacidad.

A diferencia de enfoques previos que consideraban a las personas con discapacidad como personas “vulnerables” y la discapacidad como un problema del que
tenían que ocuparse los servicios de atención médica, rehabilitación y bienestar social, el Programa sienta las bases de una perspectiva de la discapacidad
en el contexto del desarrollo, que considera a dichas personas como agentes y beneficiarios del desarrollo de las sociedades en donde viven. En ese marco,
se privilegian las acciones relacionadas con la promoción de la accesibilidad, el entorno físico, el entorno de la información y las comunicaciones y las
estructuras institucionales, a fin de fomentar la equiparación de oportunidades para todos, entendida como el mejoramiento de la accesibilidad al sistema
general de la sociedad, en especial, mediante la promoción de la participación plena de las personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones.

En ese marco, y tras la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, que enfatizó en la necesidad de adoptar medidas a favor de este importante sector,
la Organización de las Naciones Unidas, ONU, decidió establecer un Comité Especial para formular una Convención amplia e integral para promover y proteger
los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, mediante las resoluciones 56/ 168 promovida por el Gobierno de México, que contó con el apoyo
de Colombia, entre otros países, y la resolución 2003/49 sobre "Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad" que contó con el copatrocinio de 55
delegaciones y que fue adoptada el 23 de abril del 2003.

2. Marco legal nacional

En Colombia, con anterioridad a la Constitución Política de 1991, se habían dado algunas disposiciones con respecto a la discapacidad2; sin embargo a partir
de la expedición de la Carta Magna, se ha venido consolidando un marco jurídico que determina los derechos de la población con discapacidad, y al mismo
tiempo las obligaciones del Estado y la sociedad para con ellos.

En la Constitución Política de 1991, se encuentran una serie de artículos que hacen mención expresa a la protección, atención, apoyo e integración social
de las personas con discapacidad como los siguientes:

Artículo 13: “...El Estado protegerá especialmente a las personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

Artículo 47: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos,
a quienes se prestará la atención especializada que requieran”.

Artículo 54: “El Estado debe...garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”.

Artículo 68: “...La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales,...son obligaciones especiales del Estado”.

La Carta Magna define una serie de derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales, además de los ya mencionados, los cuales son de carácter universal
y por tanto cubren a quienes presenten algún tipo de limitación o discapacidad. El Artículo 25 hace mención al trabajo como derecho y obligación social,
que se debe dar bajo condiciones dignas y justas; los Artículos 48 y 49, en los cuales se prescribe que la seguridad social es un servicio público, obligatorio
y a la vez un derecho irrenunciable de todos los habitantes, además “Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección
y recuperación de la salud...”; el Artículo 52, fija el derecho de todas las personas a la recreación y al deporte; el Artículo 67, determina que la educación
es un derecho de la persona; y el Artículo 70 se relaciona con el acceso de todos a la cultura.

En desarrollo del Mandato Constitucional, la Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación
y se dictan otras disposiciones”.

Esta Ley, que se ha reconocido como un importante avance en cuanto a la definición de un marco para el manejo de la discapacidad, puntualiza diversos aspectos
en relación con los derechos fundamentales de las personas con limitación y establece obligaciones y responsabilidades del Estado en sus diferentes niveles
para que las personas que se encuentren en esta situación, puedan alcanzar “...su completa realización personal y su total integración social...”; es así
como se ocupa de asuntos como la prevención, la educación, la rehabilitación, la integración laboral, el bienestar social, la accesibilidad; además a través
de esta norma, se constituye el “Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación” en calidad de “...asesor institucional para el seguimiento
y verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que garanticen la integración social del limitado...”, y se prevé la conformación
de Grupos de Enlace Sectorial (Art.6º).

La Ley 361 de 1997, en especial en su Artículo 6º, está reglamentada actualmente mediante el Decreto 276 de 2000, que establece la conformación, define
las funciones y señala el funcionamiento del Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación, fija las funciones del Secretario Técnico, define
la coordinación del Comité Consultivo Nacional en la Consejería Presidencial para la Política Social y reglamenta la conformación y funciones de los Grupos
de Enlace Sectorial.

Igualmente, la Ley 762 de julio 31 de 2002, mediante la cual se aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, consagra de manera específica la prohibición de cualquier forma de discriminación o exclusión de las personas con
discapacidad.

A nivel sectorial, se han aplicado otras normas, que en su conjunto son de carácter universal y por tanto cobijan a toda la población. Pero, también en
esta juridicidad se encuentran una serie de preceptos normativos específicos para el caso de la discapacidad:

En salud, empleo y protección social:

Mediante el Decreto 205 de 2003 se fusionan los Ministerios de Salud y de Trabajo en el Ministerio de Protección Social, a quien se le atribuye la competencia,
especifica de “Proponer y promover la ejecución de políticas de readaptación profesional y generación de empleo para personas con discapacidad, en coordinación
con las demás Direcciones Generales del Ministerio,3 es decir con las Direcciones de Salud Publica, de Riesgos profesionales, de Empleo, entre otras.

En materia de salud, la Ley 100 de 1993 crea el “Sistema de Seguridad Social Integral”, “...cuyo objeto es garantizar los derechos irrenunciables de la
persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten” (Art.1).
Contempla disposiciones específicas en relación con la invalidez y la discapacidad, en lo concerniente al “Sistema General de Pensiones” (Arts. 38 y 39),
“Sistema General de Seguridad Social en Salud” y “Sistema General de Riesgos Profesionales” (Arts. 249 a 253 y 257). En el caso del Sistema de Salud, se
prevé que toda la población será cubierta en lo relacionado con la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la atención y recuperación;
además señala que las personas con discapacidad sin capacidad de pago serán beneficiarios del Régimen Subsidiado (Art.157), y que en el caso del Régimen
Contributivo la cobertura familiar incluye a las personas con discapacidad permanentes con mayoría de edad (Art.163).

Dentro de este marco se han desarrollado otras normas para el sector salud, los Decretos: el 2226 de 1996 y 1152/99 que asignan al Ministerio de Salud la
función relacionada con la dirección, orientación, vigilancia y ejecución de los planes y programas que en el campo de la salud, se relacionen con la tercera
edad, indigentes, minusválidos y discapacitados. Las Resoluciones: 5261 de 1994 que adopta el manual de actividades, intervenciones y procedimientos del
Plan Obligatorio de Salud en el Sistema de Seguridad Social en Salud, en el que se incluyen las actividades y procedimientos de rehabilitación; la resolución
4288 de 1996 define el Plan de Atención Básica que contiene acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para toda la población, la
3165 de 1996, adopta los lineamientos de atención en salud para las personas con deficiencias, discapacidades y minusvalías; la 3374 de 2000 que reglamenta
el sistema de información del Ministerio de Salud; 238 de 1999 “Por la cual se establecen las normas técnicas, científicas y administrativas que contienen
los requisitos esenciales para la prestación de servicios de salud...” quedando incluidos los servicios relacionados con psiquiatría, medicina física y
rehabilitación, terapia ocupacional, física y del lenguaje, etc.; la 1896 de 2001 adopta la Clasificación Única de Procedimientos en Salud, incluyendo
los procedimientos relacionados con el desempeño funcional y la rehabilitación; la resolución 412 de 2000 y la 3384 de 2000, establecen las actividades,
procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento, adoptan las normas técnicas y guías de atención para eventos de detección
temprana, protección específica y enfermedades de interés en salud pública.

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud ha expedido los Acuerdos: 72 de 1997 “Por medio del cual se define el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado”;
74 de 1997, que adiciona al Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado la atención necesaria para la Rehabilitación Funcional de las personas con deficiencia,
discapacidad o minusvalía; 77 de 1997, que define la forma y condiciones de operación del Régimen Subsidiado, incluyendo como priorizables para la afiliación
a la población con limitaciones físicas, síquicas o sensoriales; el 117 de 1998 “Por el cual se establece el obligatorio cumplimiento de las actividades,
procedimientos e intervenciones de demanda inducida y la atención de enfermedades de interés en salud pública”.

En relación con el financiamiento en el sector salud, se expidió la Ley 643 de 2001 “Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos
de suerte y azar” en su Artículo 42 prevé dentro de la destinación de las rentas del monopolio al sector salud, que el 4% debe destinarse a la vinculación
al Régimen Subsidiado de los discapacitados, limitados visuales y salud mental.

El Ministerio de Trabajo expidió los Decretos: 970 de 1994 que promulga el Convenio sobre readaptación profesional y el empleo de personas inválidas;1295
de 1994; que establece las prestaciones económicas y asistenciales para los trabajadores que sufren accidentes de trabajo y/o se les diagnostica enfermedad
profesional, 917 de 1999 sobre el “Manual Único de calificación de pérdida de capacidad laboral”; 1128 de 1999 reestructura el Ministerio y se incluye
la asignación de funciones con respecto al tema de discapacidad; 1530 de 1996, en el artículo 6, numeral 3, se estipula que: ”Las entidades administradoras
de riesgos profesionales deberán acreditar semestralmente ante la Dirección General de Riesgos Profesionales, infraestructura propia ó contratada, que
garantice el cubrimiento para sus afiliados de los servicios de rehabilitación, de prevención y de asesoría que les compete”

Además, Artículo 23 del Decreto 2463/01, establece la obligatoriedad de la rehabilitación previa para acceder al trámite de calificación de invalidez, Ley
776 de 2002 establece la obligatoriedad del cubrimiento de las prestaciones económicas y asistenciales para los trabajadores que han sufrido accidentes
de trabajo y enfermedad profesional, en sus artículos 4° y 8° obliga a la reincorporación y a la reubicación de los trabajadores con discapacidad de origen
ocupacional y varias Circulares que tratan sobre pérdida de capacidad laboral, y rehabilitación integral para el Sistema General de Riesgos Profesionales.

En materia de empleo, además de los estímulos establecidos en la ley 361 de 1997, se encuentra la ley 789 de 2002, que en su artículo 13 señala la exención
en el pago de aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación familiar a las empresas que vinculen trabajadores adicionales a los que tenía en promedio en
el año 2002, y cuando entre estos trabajadores se encuentran personas con discapacidad comprobada no inferior al 25%, y cuando estos trabajadores no devenguen
más de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Accesibilidad:

Adicionalmente, está el Decreto número 1538 del 7 de mayo de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997” para establecer las condiciones
básicas de accesibilidad al espacio publico y la vivienda.

Para favorecer el acceso a la vivienda, El decreto número 975 del 31 de marzo de 2004 que reglamenta parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3 de 1991, 388 de
1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 812 de 2003 en relación con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social establece una discriminación positiva para
facilitar el acceso de las personas con discapacidad a este subsidio de vivienda.

Se encuentra el Decreto número 1660 del 16 de Junio de 2003 que reglamenta la la accesibilidad a los modos de transporte de la población en general y
en especial de las personas con discapacidad.

Por su parte, la Ley 105 de 1993 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte...”. En los principios definidos en el Artículo 3º, plantea
el acceso al transporte “ en el diseño de la infraestructura de transporte, así como en la provisión de los servicios de transporte público de pasajeros,
las autoridades competentes promuevan el establecimiento de condiciones para su uso por los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos”; y en lo que
corresponde a subsidios, se posibilita el establecimiento de éstos a favor, entre otros, de las personas con discapacidad física. También, para lo correspondiente
a la accesibilidad, están las Normas Técnicas ICONTEC, 4139, 4140 a 4145, 4201, 4339, 4279, 4407, 4695 y 4774. Con el apoyo de la Universidad Nacional
para el Fondo de Prevención Vial, existe el Manual de Accesibilidad al Espacio Público y al Transporte.

Educación

El marco general a nivel educativo lo establece la Ley 115 de 1994 “Ley General de Educación”. Que en su Capítulo 1 del Titulo III (Artículos 46 a 49),
prevé la “Educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales”, la cual plantea que la educación para estos grupos “...es parte integrante
del servicio público educativo”. (Art. 46), y que “...el Estado apoyará a las instituciones y fomentará programas y experiencias orientadas a la adecuada
atención educativa...” (Art. 47).

Recientemente se reglamentó esta ley mediante la resolución 2565 del 24 de octubre de 2003 para establecer los parámetros y criterios para la prestación
del servicio educativo a la población con innecesidades especiales.

Igualmente, se han expedido los Decretos: 1006 de 2004 que modifica la estructura y funciones del Instituto Nacional para Ciegos –INCI-; el 2082 de 1996
reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o capacidades excepcionales4, en desarrollo del cual se formuló lo correspondiente al Plan
de Cubrimiento Gradual de Atención Educativa para las personas con limitaciones o capacidades excepcionales5; el 2369 de 1997 da recomendaciones de atención
a personas con limitación auditiva; el 3011 de 1997 sobre adecuación de instituciones en programas de educación básica y media de adultos con limitaciones;
el 672 de 1998 relacionado con la educación de niños sordos y la lengua de señas. Igualmente la Ley 324 de 1996 “Por la cual se crean algunas normas a
favor de la población sorda”, en la cual el Estado reconoce la lengua de señas y plantea la investigación y difusión de la misma.

El Decreto 2247 de 1997, indica que el ingreso al nivel de preescolar no está sujeto a ninguna prueba de admisión o examen psicológico o de conocimientos,
o a consideraciones de raza, sexo, religión, condición física o mental.

El Decreto 3012 de 1997, que reglamenta la organización y funcionamiento de las escuelas normales superiores establece que éstas tendrán en cuenta experiencias,
contenidos y prácticas pedagógicas relacionadas con la atención educativa de las poblaciones de las que trata el Título III de la Ley 115 de 1994, en el
momento de elaborar los correspondientes currículos y planes de estudio.

El Decreto 3020 de 2002, reglamentario de la Ley 715 de 2001, señala que para fijar la planta de personal de los establecimientos que atienden a estudiantes
con necesidades educativas especiales, la entidad territorial debe atender los criterios y parámetros establecidos por el MEN. Además, indica que los profesionales
que realicen acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social sean ubicados en las instituciones educativas
que defina la entidad territorial para este propósito.

La Resolución 2565 de 2003, establece los parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a las poblaciones con NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES otorgando la responsabilidad a las entidades territoriales.

Existen además las Normas Técnicas: 4595 que establece los requisitos para el planeamiento y diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, acogiendo
los temas de accesibilidad, seguridad y comodidad; el 4596 establece requisitos para diseñar y desarrollar un sistema integral de señalización en las instituciones
educativas, que contribuya a la seguridad y fácil orientación de los usuarios dentro de éstas, dispone el uso de señales para personas con discapacidad;
4732 y 4733, especifican los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los que se deben someter los pupitres y las sillas destinadas para uso de los
estudiantes con parálisis cerebral y en sillas de ruedas, respectivamente6.

Deporte:

Ley 181 de 1995 “Por la cual se dictan disposiciones para el Fomento del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física...”.
El Numeral 4 del Artículo 3 plantea como parte del objeto “ Formular y ejecutar programas especiales para la educación física, deporte y recreación de
las personas con discapacidades físicas, síquicas, sensoriales...”, lo cual es también tratado en los artículos 11,12 y 24.

La Ley 582 de 2000, establece el Sistema Deportivo Nacional de las personas con discapacidad y crea el Comité Paralímpico Colombiano máximo ente rector
del deporte y organiza por modalidad de discapacidad cada una de las federaciones deportivas.

Comunicaciones:

En el sector de las comunicaciones, la Ley 335 de 1996 relacionada con la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) y mediante la cual se crea la televisión
privada, ordena que “...Se deberá incluir el sistema de subtitulación o lengua manual para garantizar el acceso de este servicio a las personas con problemas
auditivos o sordas” (Art.12). Igualmente, la Ley 361 de 1997 establece que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comunicaciones, adoptará las
medidas necesarias para garantizarle a las personas con limitación el derecho a la información. (Art.66).

Así mismo, se han expedido diferentes Decretos, entre los cuales está el 1900 de 1990 “Por el cual se reforman normas y estatutos que regulan las actividades
y servicios de telecomunicaciones y afines, y el 1620 de 2003, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Comunicaciones
y se dictan otras disposiciones. En éstos, se plantea entre otros asuntos que: la información es un derecho fundamental, las telecomunicaciones tienen por
objeto elevar el nivel de vida de los habitantes, las comunicaciones deben tener un uso y beneficio social, y se debe investigar necesidades, formular
y gestionar proyectos de acceso y uso social de las tecnologías de la información y las comunicaciones tendientes a satisfacer las necesidades de las comunidades
vulnerables y excluidas. Por su parte la CNTV, mediante el Acuerdo 38 de 1988 crea mecanismos para garantizar el acceso al servicio público de televisión
por parte de las personas con limitación auditiva. La Resolución 001080 del 5 de agosto de 2002 fija los criterios aplicables a la programación de televisión
para la población sorda.

Cultura:

La Ley 397 de 1997 “Por la cual...se dictan normas sobre el patrimonio cultural, fomentos y estímulos de la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura...”.
En el numeral 13 del Artículo 1º (Principios fundamentales) señala que el Estado, al formular la política cultural tendrá en cuenta y concederá “especial
tratamiento a las personas limitadas física, sensorial y psíquicamente...”. E igualmente, en los Artículos 50 y 60, se fija que en los Consejos nacional,
departamentales, distritales y municipales, habrá un representante de las agremiaciones culturales de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales.

Infancia.

Actualmente se trabaja en el proyecto de ley de infancia y adolescencia que integra adecuadamente la protección y atención de los niños, niñas y jóvenes
con discapacidad.

Mientras esta ley se expide, contamos con el Decreto Ley 2737 de 1989 que adoptó el Código del Menor, y en el cual se consideró al menor con deficiencias7
y se fijaron responsabilidades de la familia y del Estado en la atención de los niños y niñas en esta condición. Finalmente, mediante el Decreto 2381
de 1999, se determinó como Día Nacional de las Personas con Discapacidad el 3 de diciembre de cada año.

Competencias territoriales

En lo que hace a las competencias de las entidades territoriales, ha sido promulgada recientemente la Ley 715 de diciembre de 2001 “Por la cual se dictan
normas orgánicas en materia de recursos y competencias...”. Esta Ley tiene incidencia en el tema del manejo de la discapacidad, determina las responsabilidades
que tienen la Nación y las entidades territoriales departamentales y municipales en la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos de
los sectores de educación, salud en correspondencia con lo determinado en las Ley 100 de 1993 y 115 de 1994; y en los denominados “otros sectores”, entre
los cuales están transporte, deporte y recreación, cultura, prevención y atención de desastres, y atención a grupos vulnerables.

Proyectos de Ley:

Actualmente cursan en el Congreso varios proyectos de ley sobre Discapacidad, aprobados en el periodo anterior en la Plenaria de Cámara, correspondientes
a los Nos 199/05 Senado- 63/04 Cámara (Normas en favor de las personas con discapacidad mental...); 204/05 Senado- 253/04 Cámara (Sistema Nacional de
Discapacidad....); 206/05 Senado-053/04 Cámara (Modifica y adiciona la ley 361 de 1997).

III. MARCO CONCEPTUAL

El Plan Nacional de Intervención en discapacidad está fundamentado en varios elementos conceptuales: Por un lado el concepto de Manejo Social del Riesgo
(MSR), teoría económica que fundamenta a su vez el nuevo enfoque de Protección Social con base en el cual se crea el Ministerio de la Protección Social.

Por otro lado la evolución del concepto de Discapacidad que pasa en los últimos años de un enfoque biomédico a un enfoque ecológico de integración social,
el cual considera los aspectos individuales de la persona con limitaciones en relación con un contexto social, cultural y físico. Las condiciones de interacción
entre el individuo y el contexto así definido, son las que determinan la magnitud de la discapacidad de un individuo y su familia.8

Los conceptos aquí citados se han presentado como el soporte teórico del abordaje de la Política Pública en Discapacidad. Por ello las acciones realizadas
bajo el título de Política Pública, apuntan a mejorar no solo la condición de salud de la persona con discapacidad sino a incidir sobre ese entorno que
la determina, es decir a proporcionarle una atención integral.

En un primer momento, bajo la concepción de discapacidad definida por la nueva CIF9 se planteó una política pública que se definió como participativa, equitativa,
descentralizada, solidaria, integral y concertada, traducida en un plan indicativo, que desarrolló acciones sectoriales y cuyos objetivos principales apuntaban
a la Promoción de entornos saludables, la accesibilidad (vista como equiparación de Oportunidades) y el acceso a la habilitación/rehabilitación.10

A la luz de estos criterios se trabajaron dentro de los Grupos de Enlace Sectorial (GES)11, los proyectos y tareas consignados en el plan indicativo 2003
– 2006, no sin algunas dificultades operativas y unas nuevas dificultades conceptuales que empezaron a surgir con el desarrollo de acciones en los territorios.

Aunque la propuesta contenida en el libro de “Bases para la formación de Política Pública” parte del marco teórico de Manejo Social del Riesgo, los componentes
y líneas de acción que define (Prevención y Promoción, Equiparación de Oportunidades y Habilitación/Rehabilitación) responden más a la evolución del concepto
de Discapacidad que al enfoque de Manejo Social del Riesgo (MSR). En el momento en que el gobierno nacional emite el Conpes 080 de 2004, fundamentado específicamente
en el MSR, los actores institucionales y de la sociedad civil con compromiso de trabajo en el tema de discapacidad, generan un debate entre defensores
y detractores de los dos enfoques, debate que aún no solo, no termina, sino que empieza a ampliarse a otros aspectos teóricos relacionados con entender
lo qué es la política pública, lo cual se presentarán más adelante.

Implicaciones del enfoque de MSR

El Manejo Social del Riesgo deriva en una propuesta de Protección Social que privilegia dos tipos de intervenciones públicas:
Asistir a las personas , hogares y comunidades para mejorar su manejo social del riesgo.
Proporcionar apoyo a quienes se encuentran en extrema pobreza.

La primera intervención se centra en el desarrollo de estrategias de manejo del riesgo, clasificadas en estrategias de Reducción, Mitigación y Superación
del riesgo en donde no solo el sector público aporta sino el sector privado y la sociedad civil; y en donde se priorizan las poblaciones más vulnerables.

El Estado asume un papel de garante de la Seguridad Social de la Población, pero transfiere el mercado de seguros al sector privado y una lógica de solidaridad
como aporte de la sociedad civil, expresada en un subsidio por parte de los que pagan a los que no pueden pagar.

La segunda intervención constituye un proceso de atención urgente de grupos poblacionales en situación crítica. Esto significa que el Estado destina una
importante cantidad de recursos a atender a la población más vulnerable en situación crítica, enfoque que ha tenido desarrollos exitosos, pero que por
su misma esencia, se constituye en programas de corto plazo que suponen una superación más o menos rápida de la situación de crisis lo cual no es siempre
congruente con la realidad.

La Protección Social se concibe entonces, como asistencia social sumada a la seguridad social y al mercado laboral. Sin embargo, así vista, la Protección
Social está fuertemente ligada al trabajo formal, lo cual plantea de entrada una dificultad dentro de una situación en que la austeridad en el gasto público
y los procesos de reestructuración del estado privilegian el empleo no formal e informal.

Los detractores de este modelo, lo acusan de tender además hacia la privatización de la Protección Social y de tener un corte marcadamente asistencialista.

El enfoque de Derechos

De manera sucinta el enfoque de derechos plantea que los individuos deben reconocerse, asumirse y ser considerados como sujetos de derechos fundamentales
inalienables e irrenunciables. El desarrollo está entonces orientado sobre los intereses del pueblo a partir de procesos de gerencia y gestión social en
los que las comunidades tienen el poder y la capacidad de definir y decidir sus derroteros para su desarrollo.

En la practica esto implica una metodología de trabajo distinta en la que los niveles nacionales y departamentales se constituyen en niveles de apoyo y
orientación de los niveles locales y no como niveles que señalan directrices de acción.

En el tema de discapacidad, la discusión se centra entonces en decidir si la construcción de la política se debe desarrollar con un enfoque de Manejo Social
del Riesgo o con un enfoque de Derechos y de Participación Ciudadana más compatible con el esquema anterior al Conpes.

El primero supone unas acciones del Estado tendientes a asegurar contra posibles riesgos a la población con discapacidad y el segundo implica que esta población
entra a participar activamente en la definición de la Política y en la toma de decisiones frente al tema de la discapacidad.

Sin mayores desarrollos conceptuales en este punto de la discusión, se hace una revisión de los componentes que se venían adelantando desde el 2003 y de
las líneas de acción propuestas por el Conpes 80 en donde se ve que las diferencias no son grandes en términos globales y operativos y que por lo tanto
se puede seguir avanzando en la definición de un plan de acción 2005 – 2007.

El anexo No. 1, hace un análisis comparativo entre las dos propuestas y explicita las diferencias donde se encontraron. La baja diferencia entre los dos
documentos, se podría explicar en la medida en que aunque no hay acuerdo en la dimensión política y económica del abordaje de la discapacidad si hay un
consenso general en la manera como se entiende el concepto mismo de Discapacidad.

¿La Política Pública se construye o se descentraliza?

Sin embargo de esta discusión surge un segundo aspecto de reflexión que se centra en la definición de qué es Política Pública. El Plan Indicativo 2003 –
2006 se había presentado como la Política Pública en Discapacidad con unos desarrollos, como ya se dijo, más bien sectoriales y de Gobierno, y con alguna
intervención de la sociedad civil y el sector privado.

El Conpes 80 de 2004, aparece en un principio como una nueva Política Pública pero pronto se hace claridad que se trata solo de un plan de gobierno.

Dentro de un escenario de fortalecimiento territorial se hacen algunos aportes teóricos de definiciones de Política Pública como “... el conjunto coherente
de principios, objetivos, estrategias y planes de acción que identifican, comprenden y abordan las problemáticas de una sociedad ( económicas, políticas,
sociales, culturales o ambientales) o condiciones de un grupo poblacional o comunidad, con el fin de darles solución o mejorar las condiciones de vida
a partir de la acción colectiva, en el marco de un proyecto democrático de sociedad”,12 o como “... un conjunto de decisiones que se traducen en acciones,
estratégicamente seleccionadas (dentro de un conjunto de alternativas, conforme a una jerarquía de valores y preferencia de los interesados). Su dimensión
es pública por el tamaño del agregado social sobre el cual inciden, pero sobre todo por su carácter imperativo, siendo éste revestido de la autoridad legítima
y soberana del poder público”.13

Estos enfoques, ponen el acento en la construcción local de la Política Pública, con un componente de participación activa de la sociedad civil organizada
que ejerce sus plenos derechos; en acciones de consenso entre ésta, el sector público y el privado como proceso legitimador de la Política; y con énfasis
en el respeto por los procesos locales que suponen una construcción de Política de abajo hacia arriba y no una descentralización de la misma que implica
una dirección inversa.

Así planteado, se deduce entonces que la Política Pública en Discapacidad es un proceso dinámico en construcción y que un Plan de Acción como el presente,
solo enfoca unos lineamientos que da el gobierno para la construcción de política en los territorios y como un fortalecimiento institucional a través de
acciones específicas sectoriales y en lo posible intersectoriales que faciliten desarrollos locales en el tema.

De ello se desprende que el plan de gobierno aquí presentado, debe aún pasar por una concertación conceptual a la luz de un bagaje amplio de enfoques teóricos,
y por una subsiguiente priorización de acciones, que garanticen el fortalecimiento de los procesos locales y en el soporte de una estructuración de los
mismos desde el nivel nacional.

IV. ALCANCE Y PROPOSITO DEL PLAN

El Plan plantea como alcance, asumir y coordinar las responsabilidades y competencias de carácter nacional, sectorial e intersectorial y territorial, proyectando
una cobertura regional, para avanzar conforme a las responsabilidad de las entidades del orden nacional y territorial en el marco de sus planes de desarrollo
y de la descentralización, en la prevención de la discapacidad, la atención integral de la población en condición de discapacidad y su familia en lo
relacionado con rehabilitación y habilitación, y el apoyo para el mejoramiento de la calidad de vida y equiparación de oportunidades, para el reconocimiento
de los derechos, la autonomía, la integración y la participación plena de este grupo poblacional.

Este plan tiene un carácter interdisciplinario, interinstitucional, intersectorial, y descentralizado. Facilita la articulación de acciones comunes, tanto
horizontal como verticalmente.

El propósito del Plan, es garantizar la dirección y coordinación del Estado en los diferentes niveles de Gobierno en la ejecución de acciones con respecto
a la prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades de la población con discapacidad; e impulsar su control y seguimiento en el marco de la
corresponsabilidad del Estado y la Sociedad Civil, y desde una perspectiva del desarrollo de la política pública para la discapacidad.

De igual manera, cabe señalar que tanto el éxito en la realización del Plan, como el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con discapacidad,
no dependerá solamente de los esfuerzos y coordinación de los gobiernos en sus diferentes niveles de descentralización, sino que también se requerirá de
una decisiva participación y colaboración de las personas con discapacidad y sus familias, de las organizaciones que las representan y apoyan, de las empresas
y organismos del sector privado, de los medios y de la cooperación internacional.

V. PRINCIPIOS

Transversalidad:

Se soporta en la Ley 361 de 1997, “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”...,
que ordena la intervención activa de todos los niveles competentes de la administración y en la participación corresponsable de las ONG’s involucradas
en el tema de discapacidad.

La característica esencial de su concepción, es la transversalidad de la política pública, y representa el compromiso gubernamental en el marco de la política
social, para el mejoramiento de las condiciones de vida de este grupo de población; de tal manera que todos los sectores involucrados, deben responder
por la atención de las personas con discapacidad, incorporando para ello los recursos necesarios del gasto público, en las áreas de su competencia y garantizando
el acceso efectivo de esta población a la correspondiente oferta institucional.

En concordancia con lo anterior, el Plan determina los programas y compromisos que cada sector del Estado debe ejecutar y mantener en el tiempo, para apoyar
la satisfacción de las necesidades y los derechos mínimos de las personas con discapacidad.

Integralidad de la acción:

El Plan obedece al principio de la integralidad de la acción pública, en la medida que contempla directrices y orientaciones explícitas para los diferentes
sectores gubernamentales, las cuales no pueden ser satisfechas sólo por la sumatoria de las acciones sectoriales, sino, por la planificada coordinación
de las mismas, en la búsqueda de logros por áreas de intervención.

Flexibilidad y contextualización:

Este Plan de Acción es además un instrumento flexible, que permitirá a las instancias regionales pertinentes adecuar sus contenidos y orientaciones a cada
realidad regional y local.

Igualmente deberá estar permanentemente enriquecido con los aportes de nuevos actores nacionales y territoriales, así como por los factores que inciden
en la realidad y el contexto nacional.

VI. ESTRATEGIAS PARA SU ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

Nivel Nacional

Comprende dos instancias, una de Política, en la cual se fundamentan los propósitos de la política misma, a la vez cumple un papel de asesoría con respecto
al Plan; otra de Gestión y Soporte Técnico, integrada por todas las instituciones compromisarias, que de manera simultánea se ubican específicamente como:

Comité Técnico Nacional: integrado por los profesionales de los diferentes sectores y entidades del orden nacional responsables del tema en el sector gubernamental,
con funciones de coordinación de las diferentes instancias del Estado vinculadas programáticamente al tema de la discapacidad. Para el desarrollo del Plan,
coordina orientaciones y guías metodológicas y de procedimiento, sirviendo de puente con las organizaciones de la sociedad civil.

Grupos de Enlace Sectorial: conformados por técnicos de los diferentes sectores, cuya función central consiste en identificar y concordar los principales
productos a implementarse o a continuar implementándose al interior de las áreas de intervención del Plan en coordinación con representantes del sector
privado y de la sociedad civil.

Instancia Política y Organismo Asesor:

El organismo asesor para el Plan, será el “Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación”, se fundamenta en las atribuciones dadas a este organismo,
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6º de la Ley 361 de 1997.

El Comité Consultivo Nacional: integrado por representantes de la sociedad civil, es un organismo consultivo y asesor para el seguimiento, verificación
y puesta en marcha de la política de discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley 361 de 1997.

El Comité Consultivo Nacional, cuenta con una coordinación técnica delegada a una Consejería Presidencial de Programas Especiales y un Secretario Técnico
en la Derección de Promoción Social del Ministerio de Protección Social, el cual en coordinación con el Comité Técnico Nacional, será responsable de dar
las orientaciones de política a los diferentes sectores y entidades compromisarias.

El Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación, conformado de acuerdo con el Artículo 6º. de la Ley 361 de 1997, que dice “Constituyese el
“Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación”, como asesor institucional, para el seguimiento y verificación de la puesta en marcha de las
políticas, estrategias y programas que garanticen la integración social del limitado” 14 y según las funciones que se señalan en el Decreto 276 de 2000
y la Resolución 3489 de 2004, por la cual se conforma el Comité Consultivo actual.

Con base en el esquema descrito anteriormente y como resultado de la construcción participativa de las bases de la Política Pública en discapacidad, se
han articulado acciones que trascienden los planes de gobierno, armonizando las entidades responsables del nivel nacional y territorial, junto con las
organizaciones de la sociedad civil.

En este sentido, se ha orientado el trabajo teniendo en cuenta las directrices de “Las Normas Uniformes” adoptadas como directriz por Naciones Unidas.

Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad se han elaborado sobre la base de la experiencia adquirida durante
el Decenio de las Naciones Unidas pasa los Impedidos (1983-1992). El fundamento político y moral de estas Normas se encuentra en la Carta Internacional
de Derechos Humanos, que comprende la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer, así como en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos.

Teniendo en cuenta las normas uniformes, se identificaron los tres componentes estratégicos para intervenir la situación de discapacidad. Estos tres componentes
son: i) Promoción y Prevención, ii) Equiparación de oportunidades y iii) habilitación y rehabilitación integral, los cuales orientaron la conformación
de los Grupos de Enlace Sectorial (GES).

Como se anotó, el objetivo de esta instancia es la de servir de enlace entre lo publico y las organizaciones no gubernamentales . Deben cumplir un papel
de planificación en el nivel Nacional y apoyar técnicamente la coordinación del Plan en relación con aspectos de planificación sectorial e intersectorial
así como al Comité Consultivo Nacional.

Dado su carácter intersectorial, generan visiones y misiones de carácter integral para el desarrollo de actividades de promoción y difusión de los derechos
de las personas con discapacidad; la prevención, habilitación, rehabilitación, educación, integración familiar, social, laboral y demás aspectos que resulten
necesarios para el cumplimiento, seguimiento y evaluación de la política de discapacidad.

GES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN:

“Este componente está integrado por todas aquellas actividades que buscan prevenir los factores de riesgo que causan discapacidad, y promover la cultura
del autocuidado, de generar entornos protectores, y un cambio cultural frente a la situación de discapacidad”. (Normas Uniformes – Naciones Unidas)

Por prevención se entiende la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzca un deterioro físico, intelectual, psiquiátrico o sensorial (prevención
primaria) o a impedir que ese deterioro cause una discapacidad o limitación funcional permanente (prevención secundaria).

Dentro de las actividades necesarias para lograr estos objetivos, encontramos
Registro único y caracterización de la población con discapacidad- DANE
Elaboración y articulación de mapas de riesgo sobre la discapacidad:
Generación de entornos protectores o saludables
campañas educativas e informativas sobre las causas de la discapacidad y la manera de prevenirlos.

GES DEHABILITACIÓN REHABILITACIÓN:

“Mediante este componente se busca crear, consolidar y cualificar una red de servicios de rehabilitación integral y habilitación para las personas con discapacidad”.
(Normas Uniformes – Naciones Unidas)

La rehabilitación es un proceso encaminado a lograr que las personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado función óptimo
desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera que cuenten con medios para modificar su propia vida y ser más independientes.
La rehabilitación puede abarcar medidas para proporcionar o restablecer funciones o para compensar la pérdida o la falta de una función o una limitación
funcional.

Dentro de las acciones que integran este componente están:
Organizar y cualificar los servicios de habilitación y rehabilitación integral.
Desarrollar estándares de calidad en la prestación de estos servicios orientados a generar la máxima autonomía de la persona y su efectiva inclusión social.
Organizar bancos de ayudas técnicas con criterios objetivos de asignación.
Fortalecer la participación de la familia y la comunidad en la rehabilitación de la persona con discapacidad (Estrategia de Rehabilitación basada en la
comunidad “RBC”).

GES DE EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES

“La situación de discapacidad comprende también un factor externo o del entorno, que es el que condiciona la participación efectiva de las personas con
discapacidad a los servicios y espacios sociales que le permiten a un ser humano desarrollarse integralmente.

Una comunidad que permita la inclusión o accesibilidad real a estos servicios básicos, es una comunidad que respeta y permite el ejercicio de los derechos
humanos sociales, económicos y culturales de las personas con discapacidad.” (Normas Uniformes – Naciones Unidas)

Por logro de la igualdad de oportunidades se entiende el proceso mediante el cual los diversos sistemas de la sociedad, el entorno físico, los servicios,
las actividades, la información y la documentación se ponen a disposición de todos, especialmente de las personas con discapacidad.

Por ello, las autoridades competentes, con el apoyo y activa participación de las organizaciones sociales deben adelantar acciones para permitir, entre
otros, los siguientes objetivos:
Integración educativa de todas las personas con discapacidad
Inclusión de las personas con discapacidad al servicio Educativo
Inclusión laboral y empleo- desarrollo de la capacidad productiva
Acceso a la salud y a la seguridad social
Acceso a la información y la comunicación
Acceso a los espacios públicos y al transporte,
Acceso a los servicios culturales
Acceso a la recreación y al deporte

Los personeros, defensores de familia, y demás entes de veeduría y control social, son también aliados fundamentales para eliminar cualquier forma de exclusión o discriminación contra esta población.

ESTRUCTURA NACIONAL Y TERRITORIAL

Con participación de todos los sectores del Estado y representantes de organizaciones de la sociedad civil.



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